Al igual que muchos otros campos sociales y profesionales, el de Educación Ambiental (EA) mira con preocupación más que legítima el escenario que se presenta en los próximos meses. Incluso con las incógnitas de la situación actual, ni los proyectos ni las actividades enmarcadas en lo que se llama EA parecen continuar en las mismas condiciones; ya sea por las actividades que requieren una interacción directa, por los espacios donde se llevan a cabo, por el distanciamiento forzado de los posibles receptores o por el abandono de este tipo de «inversiones» por parte de actores públicos y privados.

El trasfondo no inspira optimismo: la crisis de 2008 devastó un campo de por sí precario que, lejos de recuperarse en la última década, llevó a muchos profesionales de EA a buscar vida en otros campos profesionales (ocio y tiempo libre, turismo, deporte, cultura, etc.), en el mejor de los casos.

Mucho se ha escrito en estos días sobre la necesidad de revalorar los servicios públicos como apoyos esenciales para tiempos de crisis. Incluso algunos reconocidos neoliberales elogiaron y valoraron la salud pública, así como los beneficios de un estado fuerte, capaz de sostener y reparar la desaparición de una crisis imprevista, al menos para ellos, en su salud, pero también económicamente. El coronavirus reveló sin contemplación las costuras de unos servicios públicos debilitados y precarios, incluso vilipendiados.

Nos permitirán no profundizar en los múltiples debates aquí sobre qué tipo de estructura pública fortalecer y cómo financiarla. Por supuesto, no negaremos que preferimos los adjetivos «descentralizado», «coordinado», «participativo», etc. Y, sobre todo, apostaríamos por servicios públicos centrados en salvaguardar el bien común y el bien común.

En este contexto, ¿la EA debería considerarse un servicio público? ¿Debería serlo?

Vayamos a la definición. Se entiende que los servicios públicos son el conjunto de bienes y actividades que, a través de su administración directa o indirecta, un estado garantiza a su población para que pueda, con mayor o menor diligencia, satisfacer sus derechos y satisfacer sus necesidades para lograr mayor igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida.

Sin lugar a dudas, la educación en general y la EA en particular encajarían en esta concepción, aún más en un contexto de emergencia climática en el que nos encontramos, con la urgente necesidad de emprender transformaciones sociales y ambientales a gran escala, preferiblemente sin dejar a nadie atrás en el camino.

En vista de la débil presencia de EA en el sistema educativo y la inercia seguida por la mayoría de las administraciones regionales y municipales, no es extravagante decir que la fórmula preferida para promover iniciativas de EA ha sido la gestión indirecta, dejando en manos de empresas, cooperativas y Asociaciones de la mayoría de las iniciativas, actividades y proyectos. Esta fórmula no tiene que ser necesariamente mala, pero ha llevado, en nuestra opinión, a una dinámica de precariedad que ha dado lugar y genera múltiples contradicciones entre la militancia ambiental de muchos, muchos profesionales y la necesidad de subsistir. Que ha penalizado la calidad y, sobre todo, la coherencia entre la oferta educativa real y los supuestos objetivos de una EA que permita avanzar hacia sociedades más sostenibles. En este contexto, abundan generalmente los trabajos mal remunerados, en los que las precarias condiciones de trabajo apenas se compensan con altas dosis de voluntariado que, a su vez, dan sus frutos con grados crecientes de insatisfacción laboral y agotamiento. También tienden a ser priorizados proyectos y actividades “para la galería”, diseñados para el “lavado verde” de las administraciones y las empresas, sin aspiraciones reales de cambio; aunque, con poca frecuencia, nos quedamos con el consuelo de que estas actividades caen en manos de ambientalistas y activistas ambientales, capaces de introducir pequeñas píldoras de rebelión.

Sin embargo, la mayoría de estas respuestas educativas, imitadas y desenfocadas, no parecen ser las más propicias para impulsar la transición socioecológica que exige la emergencia climática, al identificar el desafío ambiental más urgente que tenemos que enfrentar en este siglo. La alternativa es obvia, necesitamos un EA que contribuya a la resiliencia de nuestras sociedades y que, operando en el marco del desarrollo de servicios públicos esenciales (salud, educación, etc.), se erige como una herramienta para enfrentar la crisis económica y eco-social que enfrentamos a la que nos conduce el mismo sistema que constantemente ha reducido y degradado estos servicios.

El escenario que impulsó la socialdemocracia en algunos países durante las décadas de 1950 y 1960 implicó un pacto de clase que ofrecía bienestar social para expandir el consumo como ingrediente esencial para el crecimiento económico. Pero hace tiempo que el problema es el crecimiento, en última instancia transmutado en sí mismo por el capitalismo global neoliberal. No entraremos en detalles sobre los impactos sociales y ambientales de este modelo; solo diremos que, cuando los llamamientos keynesianos para recuperar cierta prominencia estatal en la economía resuenan nuevamente, es absurdo insistir en la fórmula imposible del crecimiento infinito en un planeta finito. Es necesario repensar la noción de progreso, desconectándolo del crecimiento. Por esta razón, es esencial incorporar la política ambiental en la redefinición de los pilares del bienestar. A la salida del abismo abierto por Covid19, la transición a nuevas formas de relacionarse con la biosfera y entre nosotros es un desafío ineludible si lo que buscamos como civilización es promover valores de equidad, justicia y sostenibilidad.

No será fácil. La lucha, por así decirlo, por el relato de la crisis y de sus salidas lleva en marcha varias semanas. Comenzamos con un clamor prácticamente unánime que exige una «nueva normalidad» para recuperar gradualmente las claves de la anterior. Aquellos que desmantelaron y privatizaron la salud y otros servicios públicos esenciales, después de momentáneos resbalones proestatales, continuarán queriendo reducir la inversión pública y minimizar el control estatal, pero en nombre del mercado, pero en una supuesta libertad que será, fundamentalmente, la del mercado. En este debate, es urgente reubicar EA como un servicio y un bien público esencial para la transición ecológica.

Uno podría preguntarse si el campo EA está listo para ser un servicio público en esta emergencia permanente en la que estamos instalados. Afortunadamente, creemos que la mayoría de los profesionales de EA están más que listos o, si no lo están, tienen una gran predisposición a estar en muy poco tiempo. Sin embargo, hay muchas inercias que deben cambiar. La primera es revertir la falta de recursos para dignificar y valorar la profesión; recursos que rompen el círculo vicioso de EA concebido como un adorno, como una actividad subsidiaria, económicamente insuficiente e invisible para las políticas públicas. La EA tiene que dejar de ser una nota al pie de las políticas educativas y ambientales, para convertirse en un capítulo transversal, con su propia estructura presupuestaria e institucional.

Hay otras inercias que enfrentar. EA no puede ser, o no puede ser solo, una forma de «acercarse a la naturaleza»; ni un manual para separar los desechos o para llevar a cabo hábitos sostenibles en el hogar (apagar las luces, cerrar el grifo, etc.); no puede ser una actividad más de las dirigidas al público escolar. EA tiene que convertirse en un catalizador social y cultural para la transición ecológica. Palabras mayores.

Defender a EA como un servicio público esencial no solo requiere más inversión, sino que también requiere proyectos a largo plazo con enfoques innovadores orientados a la transformación social. Por lo tanto, requiere repensar el campo para poder construir e institucionalizar estructuras de acción pública resilientes. Se trata de instituir las políticas públicas de EA en línea con otros sectores y servicios esenciales: salud, sistema agroalimentario, educación, planificación urbana, movilidad, etc. Y en todas las escalas y escenarios de administración. Las políticas donde el apoyo mutuo, la cooperación y la necesidad de comprender el mundo desde una perspectiva social y económica diferente son la prioridad para poner el bien común y el cuidado de la vida en el centro.

No se trata de aprovechar una oportunidad en tiempos de crisis. Es una necesidad para la supervivencia digna.

Tomado de:

Pardellas, M. y Meira, P. (2020). A educación ambiental como servizo público. Praza. https://praza.gal/opinion/a-educacion-ambiental-como-servizo-publico